«Deseando conciliar el último e inevitable rigor de la justicia con la humanidad y la decencia en la ejecución de la pena capital«, Fernando VII firmaba en 1832 la abolición en España de la pena de muerte en la horca «mandando que en adelante se ejecute en garrote ordinario la que se imponga a personas del estado llano; en garrote vil la que castigue los delitos infamantes sin distinción de clase, y que subsista el garrote noble para los que correspondan a la de hijos-dalgo«.

El garrote consistía en una cuerda atada a un palo o una argolla de hierro que permitía al verdugo estrangular mediante un torniquete a la víctima, que podía estar sentada o de pie, aunque siempre atada a un poste o una silla adosada al poste. El reo moría por rotura del cuello o fractura de la columna cervical, «lo que esencialmente contituía una dislocación de la apófisis de la vértebra axis» que provocaba «el inmediato coma cerebral y consecuentemente el rápido fallecimiento«.

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